Por María Teresa Cedillo Nolasco (UAM)
La industria extractiva aporta al crecimiento económico del país y a la generación de empleo, aunque también ocasiona afectaciones en aire, agua y suelo que requieren atención ambiental y sanitaria, afirmó el doctor Israel Labastida Núñez, investigador del Departamento de Energía de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Durante la conferencia Contribución de la minería en la contaminación de suelos, el especialista de la Unidad Azcapotzalco explicó que este sector participa con 8.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) industrial y 2.5 por ciento del PIB nacional. Además, México ocupa desde hace más de 13 años el primer lugar mundial en producción de plata y se mantiene entre los 10 principales productores de 17 minerales.
Indicó que esta industria concentra más de 406 mil empleos y continuará presente en el país debido a la riqueza de yacimientos ubicados sobre todo del centro hacia el norte del territorio nacional.
El académico expuso que uno de los principales daños deriva de los desechos conocidos como “jales de minas”, materiales separados en los procesos de extracción y que, aunque carecen de valor económico inmediato, en ocasiones vuelven a procesarse para recuperar materiales metálicos.
Precisó que estos depósitos contienen elementos tóxicos en potencia, entre ellos plomo, cadmio y arsénico, asociados con distintos padecimientos como hiperqueratosis, en el caso del arsénico y riesgos carcinogénicos.
Añadió que dichos materiales suelen almacenarse en presas de “jale”, estructuras construidas cerca de las áreas de explotación, donde puede generarse drenaje ácido y procesos de lixiviación.
Detalló que las lluvias provocan escurrimientos y filtraciones que afectan cuerpos de agua y acuíferos, mientras que en temporada seca el viento dispersa polvo con partículas tóxicas hacia comunidades cercanas.
Advirtió que estas sustancias pueden ingresar al terreno y ser absorbidas por plantas utilizadas para consumo humano o forraje, lo que facilita su incorporación a la cadena alimentaria.
Alertó que la presencia de contaminantes en recursos hídricos subterráneos es una amenaza para la salud pública cuando se utiliza para abastecer a poblaciones.
El investigador informó que, junto con alumnado, desarrolla evaluaciones y mapas de distribución de estos recursos en Zimapán, Hidalgo, sumado a ello propuestas de remediación para identificar sitios con mayores niveles de exposición.
“Son regiones que requieren atención prioritaria, porque los mapas permiten ubicar puntos de deterioro potencial para los habitantes”, señaló.
Labastida Núñez sostuvo que la remediación ambiental es viable y comentó que su grupo ya realizó pruebas de laboratorio con tecnologías que pueden aplicarse sobre el terreno en las zonas afectadas.
