CIUDAD DE MÉXICO.- Más de 30 organizaciones no gubernamentales encabezadas por Alianza Mexicana contra el fracking se manifiestan en contra de la desición del Gobierno de México de utilizar el fracking en yacimientos no convencionales de Coahulia, Nuevo León y norte de Tamaulipas.
Mediante comunicado las organizaciones participantes aseguran que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció uno de los golpes más duros a la seguridad hídrica del país y a los derechos humanos que debería proteger: la aprobación del fracking, particularmente en el noreste del país, una región donde la escasez de agua ya provoca conflictividad social.
Especificaron que con la intención de lograr legitimación, la presidenta turnó la decisión a un comité coordinado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), encabezada por la Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez.
«El 15 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó a 17 especialistas con un mandato preciso: analizar la «posible explotación sustentable» del gas no convencional. El encargo revelaba un sesgo de origen: no buscaba responder si México debía prohibir el uso del fracking, sino cómo usarlo con menos culpa. Las organizaciones firmantes reiteramos que, por definición, es imposible hacer de manera “sustentable” la exploración, extracción y quema de combustibles fósiles».
Aseguraron que a este comité no fueron invitados integrantes de las comunidades que serían directamente afectadas, ni personas expertas en epidemiología, derechos humanos y territorios indígenas. «Esta omisión no es accidental: el fracking no es un asunto puramente técnico; es una decisión política, territorial, climática y de derechos humanos. Tratarlo solo como ingeniería es ya una forma de manipular el debate».
Refieren además que El Gobierno y su comité insisten en que hay nuevas tecnologías que reducen el impacto ambiental e hídrico: uso de agua salobre, reciclaje de agua, espuma de dióxido de carbono (CO2 ), sustancias de origen orgánico o biodegradables, entre otras. Sin embargo, estas alternativas aparecen principalmente como experimentos documentados en artículos académicos, no como soluciones utilizadas de manera generalizada en ninguna parte del mundo.
«No existe evidencia científica sólida que demuestre que estas técnicas eliminan los riesgos estructurales e inherentes del fracking. Por el contrario, científicos nacionales e internacionales han advertido que los riesgos para los acuíferos, las fugas de metano, los sismos inducidos y las afectaciones sociales y ambientales no desaparecen con estas supuestas innovaciones», puntualizaron.
Expresaron que de acuerdo con la más reciente investigación de CartoCrítica, el despliegue del fracking en México no sería una actividad puntual ni acotada a unos cuantos pozos. Para recuperar apenas el 10% de los recursos prospectivos se requerirían más de 25 mil pozos y 1,923 millones de metros cúbicos de agua dulce.
«El anuncio tampoco explica cuál será la disposición final de los residuos, no prohíbe su posible descarga en cuerpos dulces o marinos, ni considera que inyectarlos en pozos de disposición tampoco es seguro: las fisuras, fugas y fallas de integridad pueden no solo contaminar acuíferos sino provocar sismicidad inducida. Tampoco garantiza transparentar su ubicación, volumen y composición química. El tratamiento de estas aguas es poco común, significativamente más costoso y económicamente inviable; además, los procesos disponibles no siempre eliminan metales, compuestos disueltos y materiales radiactivos», subrayaron.
Las organizaciones firmante apuntaron que a estos costos, que suelen ser invisibilizados por la industria, se debe sumar el enorme costo económico y financiero que implicaría el desarrollo de esta técnica mortífera. Se ha propuesto la creación de un fideicomiso con la participación de capitales privados, nacionales e internacionales, o bien, la creación de contratos mixtos con la industria petrolera, contrario al discurso de soberanía energética sostenido por el gobierno y con el que buscan justificar el falso “fracking sustentable”.
«El costo social también sería enorme. Más de 6 millones de personas viven dentro de las áreas potenciales de extracción de hidrocarburos no convencionales o en su radio de impacto potencial y estarían en riesgo por exposición directa a contaminantes, vulnerando sus derechos humanos y su salud».
El noreste de México -donde se ubican regiones que hoy son de interés para el gobierno y capitales para la exploración y posible explotación de gas no convencional- atraviesa ya una profunda crisis hídrica. Alrededor del 40% de la superficie con potencial de hidrocarburos no convencionales presenta actualmente un estrés hídrico alto o extremo, proporción que se proyecta en aumento hacia 2050. Se calcula que el 65% del agua requerida para el fracking se ubica en regiones donde la operación consumiría entre el 50% y el 100% del agua disponible localmente. La conclusión es contundente: 8 de cada 10 litros necesarios para el fracking generarían condiciones de riesgo hídrico grave.
Más de 90 organizaciones de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, unidas bajo el frente Noreste Sin Fracking, han dejado clara su postura: en una región donde el agua es escasa, estratégica y cada vez más disputada, ningún gobierno debe ponerla al servicio de la industria fósil. Coahuila, y en particular la Región Carbonífera, ha sido durante décadas un territorio de sacrificio para sostener el modelo energético del país. Las comunidades han pagado los costos ambientales, sociales y de salud de esa industria, y hoy dejan en claro que no permitirán que el fracking profundice ese mismo modelo de despojo.
Para las comunidades potencialmente afectadas, ningún empleo temporal ni promesa de inversión y supuesto desarrollo justifica sacrificar el agua, la salud y el futuro de sus territorios. Tampoco es aceptable el argumento falaz de la soberanía energética para expandir el fracking en México; la primacía de los derechos humanos debe prevalecer sobre cualquier agenda económica o política que los afecte.
Las organizaciones participantes exigieron:
● La prohibición constitucional del fracking en todo el territorio nacional, como única garantía de protección a los derechos universales a la salud y un medio ambiente sano.
● La inclusión efectiva e inmediata de las comunidades potencialmente afectadas en cualquier discusión respecto al uso de esta técnica.
● Cumplimiento irrestricto de las obligaciones constitucionales del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y de prevenir, investigar y sancionar sus violaciones en todo el territorio nacional.
● Respeto y garantía a la autonomía y al derecho a la libre determinación de los pueblos, comunidades en su decisión de no permitir fracking en sus territorios.
● La transparencia y rendición de cuentas sobre las acciones de este comité a la SECIHTI y particularmente de su titular, quien ha mostrado una clara intención de apoyar que se realice esta peligrosa técnica en el territorio nacional.
«Fracking, ni aquí ni allá»
Organismos No Gubernamentales exigen la prohibición total ante la inminente aprobación de pozos piloto en el Noreste de México.
La Amenaza en el Noreste
El Gobierno de México ha decidido avanzar con pozos piloto en yacimientos no convencionales en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. A pesar de las promesas de sustentabilidad, los datos científicos sugieren una trayectoria de degradación irreversible para la seguridad hídrica regional.
Impacto Hídrico Crítico
Takeaway: El 80% del agua utilizada en el proceso compromete directamente la disponibilidad local.
Riesgo Hídrico Grave
En una región donde la escasez ya provoca conflictos sociales, 8 de cada 10 litros destinados al fracking agravarán la crisis actual.
Estrés Hídrico Extremo
Superficie con potencial de hidrocarburos que ya se encuentra en niveles de alerta roja por falta de agua.
Costos Invisibles y Escala Industrial
La explotación de hidrocarburos no convencionales requiere una infraestructura masiva. La investigación de CartoCrítica revela una disparidad alarmante entre el esfuerzo de perforación y el beneficio energético real obtenido.
Eficiencia de Recuperación vs. Infraestructura
Para recuperar apenas el **10% de los recursos prospectivos**, se requeriría la perforación de **25,000 pozos**. Esta escala implica un despliegue masivo de maquinaria, químicos y disposición de residuos que el territorio no puede soportar sin fracturar su equilibrio ecológico.
El Sesgo del Comité SECIHTI
La legitimación de esta técnica se ha delegado a un comité técnico cuya estructura ha sido cuestionada por organizaciones civiles. El enfoque se centra en «cómo» hacerlo en lugar de analizar la pertinencia de la prohibición.
Voces Excluidas en el Debate
El comité ha ignorado dimensiones humanas y ambientales fundamentales, tratándolo estrictamente como un problema de ingeniería.
Comunidades Afectadas
Sin participación de quienes viven en el radio de impacto.
Expertos en Epidemiología
Omisión de los riesgos de salud pública por exposición directa.
Derechos Humanos
Falta de análisis sobre vulneración de territorios indígenas.
El Riesgo de la Sismicidad
La inyección de aguas residuales en pozos de disposición no es segura. Las fallas de integridad pueden provocar sismos inducidos, un fenómeno documentado globalmente pero minimizado en los reportes locales.
Exigencias Ciudadanas
Más de 90 organizaciones unidas bajo el frente «Noreste Sin Fracking» han establecido una hoja de ruta clara para la protección del territorio.
Prohibición Constitucional
Única garantía para los derechos a la salud y medio ambiente sano.
Inclusión Efectiva
Participación vinculante de comunidades potencialmente afectadas.
Transparencia Radical
Rendición de cuentas pública del comité de la SECIHTI.
Autonomía Territorial
Respeto a la libre determinación de los pueblos indígenas.
